La jueza de la Corte de Justicia de Salta, Sandra Bonari, es la responsable de la Oficina de Género del Poder Judicial de Salta, nombre adoptado por Acordada 13.676 del 4 de julio de 2022. Su designación ha sido formalizada mediante Acordada 12.567 del 15 de enero de 2018.

La oficina fue creada por la Corte el 10 de diciembre de 2013 por Acordada 11.547, que designó entonces como responsable a la Dra. Susana Graciela Kauffman, quien permaneció en el cargo entre 2013 y 2017.

La OG se integra e interrelaciona con la red nacional de Oficinas de la Mujer y de Género creadas a partir del año 2009 en distintas jurisdicciones del país por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la creación de su propia oficina.

En las últimas décadas, el esfuerzo por terminar con la histórica desigualdad entre varones y mujeres ha logrado importantes avances. Aún así la discriminación persiste y se manifiesta a través de distintas formas de violencia de género, más o menos sutiles, más o menos invisibilizadas. Trabajar sobre la discriminación sexo-generizada como una matriz a desarmar es un imperativo ineludible, no sólo moral sino jurídico. Y es que, esa discriminación estructural es causa y consecuencia de las violencias que en razón del género padecen mujeres y cuerpos e identidades feminizadas. Ese trabajo de deconstrucción supone identificar para desterrar todas las ideas y prácticas que todavía se nutren de los estereotipos que reproducen y justifican la dominación y subordinación de género.

Con miras a avanzar en el cumplimiento de los deberes nacidos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -que ostenta jerarquía constitucional desde el año 1994, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional- y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Ley Nº 24.632), en el año 2009, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Desde el año 2019, por mandato de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, capacitar a agentes estatales en la temática de género y violencia contra las mujeres es una obligación ineludible de cada uno de los poderes en los que se estructura el Estado argentino.

El proceso de transformación que esas normas exigen, es impulsado por la Corte de Justicia de Salta desde la OG, como espacio institucional destinado a promover la incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en las instancias de capacitación y formación de los/as operadores/as de justicia, para que la equidad de género y el derecho a vivir una vida libre de violencia en razón de los géneros sea un valor y un objetivo que inspire cualquier práctica y respuesta judicial.